LA VOZ DEL OCCIDENTE

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Honorio Feito
Periodista

A vueltas con la oficialidad

 

El dato es escueto y simple, Asturias está entre las comunidades con más pobreza de España. Sin embargo, la mayor preocupación que parece que tienen los asturianos, sobre todo los políticos, y especialmente los de la izquierda, es la oficialidad. Cuando hablamos de oficialidad nos referimos a elevar la jerga local a la categoría del español como lengua. Lo que hoy intentan imponer, no se si con el nombre de bable (parece que a los defensores, años atrás, les llegó a abrumar esta denominación), asturiano o llingua, es una mezcla con predominio de la fala de la parte central de la comunidad autónoma, sacrificando así la fala de otras áreas de Asturias. Hace años ya me advirtieron que luchar contra esta corriente defensora de la oficialidad es una batalla perdida y, aunque ahora se ha hablado de proponer un referéndum, no me cabe ninguna duda de que la oficialidad será un hecho irreversible por razones evidentes.

 

Como en un intento de atraer al sentido común a los que defienden la oficialidad, se han citado ejemplos de asturianos, los más ilustres, que siempre escribieron y hablaron en español: Jovellanos, el conde de Campomanes, el de Santa Cruz de Marcenado, Feijoo, Leopoldo Alas «Clarín», el vizconde de Camposagrado y su «Manifiesto del hambre» para llamar la atención de los políticos sobre el deplorable estado de la región a mediados del siglo XIX;  Armando Palacio Valdés, Alejandro Casona, Ramón Pérez de Ayala, Fermín Canella o Corín Tellado, y políticos como « El Divino», Agustín Argüelles, Posada Herrera, la saga de los Pidal, Alejandro Mon, los Fernández San Miguel y un largo etcétera. 

 

No se trata de un enfrentamiento entre los que preferimos el español y los que se decantan por el asturiano. Suscribo la tesis de José Luis Rodríguez Bueno, concejal independiente del Ayuntamiento de Valdés (Asturias), cuando afirma: «oficialidad sí, cuando estén cubiertas las necesidades básicas, y siempre que los asturianos así lo decidamos en las urnas».

 

Para los no iniciados, aclaro que una de las variantes del asturiano, así nombrado en general, es la que corresponde a los vaqueiros de Alzada, a los que con orgullo pertenezco en una parte, como delata mi primer apellido. Nacido en Merás (Valdés), que no es tierra vaqueira, y residente en Madrid desde mi primera infancia, mi contacto con Asturias ha sido permanente porque mis padres así lo desearon. Nunca he dejado de visitar Asturias y allí conservo mi casa natal; profesionalmente, he dedicado la mayoría de mis trabajos a Asturias y a lo asturiano. Durante mi infancia y primera adolescencia, cuando las vacaciones me permitían disfrutar de más tiempo en la tierrina, siempre traté de integrarme con mi familia y con mis amigos. Desde muy pequeño, todos los veranos recibía lecciones de mi abuela y mi tías María y Lina que me enseñaban a pronunciar la «ch» vaqueira, que yo prefiero transcribir gráficamente «ts» en lugar de la diéresis baja que oficialmente impera. Entre otras razones, porque la primera permite que un castellano parlante pueda leer y asemejar el sonido. Es por ello que yo no podría renunciar a una jerga familiar, en la que aprendí mis primeras palabras y en la que me comuniqué con mis mayores, con mi gente. Otra cosa es aceptar una fala ajena y elevarla a la categoría universal del español.

 

Los medios de comunicación, como he escrito anteriormente, han causado una gran erosión a la fabla de mi zona porque las lenguas no son estáticas, sino que evolucionan adaptándose a las necesidades de expresión de quienes las hablan. La falta de cuidado, por parte de aquellos que deben velar por ellas, permite que quienes no tienen conocimiento suficiente modifiquen las palabras y los significados de las mismas y la lengua común deje de ser eso para convertirse en una fabla local, con independencia de la extensión del territorio que la alberga. 

 

De esto saben muchos los franceses, siempre celosos de cuidar y mantener su patrimonio lingüístico. 

 

Pero ahora observo que nuestra jerga ha mutado por la de otros valles, otras cuencas. La imposición de esta nueva forma de expresarse, impuesta por la televisión oficial del Principado, a estancias de los que defienden y promueven la oficialidad, ha logrado transformar expresiones y dichos que, a los de mi zona, nos son tan ajenos como los del otras comunidades autónomas. Igual erosión, me imagino, está sufriendo el astur-galaico de la zona más occidental de la comunidad asturiana. Inventar una fala, imponerla a través de la oficialidad, es poner puertas al campo.

 

Lo que de verdad me preocupa es el significado que tiene la campaña de la oficialidad, una vez que supuestamente esté aprobada oficialmente. Entonces sí tendrá sentido lo de poner puertas al campo porque la lengua oficial, o sea, el asturiano, o bable o llingua, o como lo quieran llamar, será el cerrojo de esa puerta y, a través de ella, sólo podrán pasar aquellos que tengan el certificado correspondiente. O sea, el peligro no es el dinero que van a distraer para dotar a la maquinaria de la nueva asignatura, ni los que gracias a ella se van a beneficiar, sino la exclusión de todo aquel que no esté dispuesto a dedicar su tiempo en aprender una jerga, porque será sólo eso, aunque con categoría de idioma. 

 

La oficialidad es algo más que una escusa para desviar la atención precaria que vive la sociedad asturiana; algo más que una cortina de humo sobre la protección del lobo y la incidencia negativa para los ganaderos, ante la falta de una política local que preserve la riqueza de la fauna y mantenga intactos los intereses de una región ganadera por excelencia.

 

Hay ejemplos suficientes de cómo las autonomías con lengua propia han utilizado ésta como elemento diferenciador, afectando a la convivencia, en lo social, y a la contratación laboral en lo económico. Hemos asistido, en algunos casos, a un éxodo profesional de quienes no se sometieron a la exigencia de aprender un idioma que no tiene más influencia que la de la autonomía local en detrimento del español, lengua común de todos los españoles y de otros quinientos millones de personas en el mundo. Y en ascenso; y en detrimento del inglés, por ejemplo, que representa el idioma internacional y financiero, por excelencia, como el francés fue en su tiempo en idioma diplomático. ¿Alguien duda de que lo que supondrá el asturiano, o el bable o la llingua, o como lo quieran llamar, una vez que sea oficial?

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Álvaro Queipo Somoano
Diputado y Secretario General del Partido Popular en Asturias

Oficialidad amable: el fraude
de Adrián Barbón

 

No puedo negar que el forzado debate sobre la oficialidad de las lenguas tradicionales asturianas me genera, a día de hoy, una profunda tristeza e inquietud y creo que el lector, al final de este escrito, me podrá comprender perfectamente.

Siento tristeza porque Adrián Barbón ha puesto el tema sobre la mesa en unos términos y con unas formas que nada tienen que ver ni con el sano intercambio de ideas, ni con el debate sosegado que se necesitaría. Lejos de eso, por cómo se ha planteado y cómo se está desarrollando el debate -o la ausencia del mismo- Barbón está utilizando la cuestión lingüística para intentar sacar un beneficio electoral de espectros políticos minoritarios a los que, hasta ahora, el PSOE no alcanzaba.

Siento tristeza porque me reconozco como un amante del uso y la defensa de las lenguas tradicionales de Asturias, tanto del asturiano como del gallego-asturiano y veo a cada semana que pasa cómo lo que debería ser un patrimonio de todos y cada uno de los asturianos se está utilizando políticamente de la forma más vil y sectaria. 

Siento tristeza porque a pesar de que en Asturias gozamos desde 1998 -gracias al Gobierno del PP de Sergio Marqués- de una ley de uso y promoción del asturiano, escucho palabras como “discriminación” o expresiones como “ausencia de derechos” en boca de aquellos que promueven la oficialidad. No parece importar demasiado que desde 1998 y gracias a esta ley del PP ningún asturiano pueda ser discriminado por hacer uso de las lenguas tradicionales de Asturias; o que todos los asturianos tengamos derecho a comunicarnos con la Administración en asturiano si así lo deseamos; o que los padres tengan derecho a poder matricular a sus hijos en clases de asturiano en cualquier colegio de esta Comunidad Autónoma. 

Una Ley del PP de 1998 que el PSOE siempre intentó enterrar- prueba de ello es que nunca la han llegado a desarrollar por completo- lleva más de 20 años velando por los derechos de los “astur falantes” y permitiendo un crecimiento cultural en torno a la lengua. Pero ahora hay quien cree que todo esto es insuficiente, que hay que ir un paso más allá e imponer una lengua a todos los asturianos, rompiendo con el equilibrio del uso en libertad que estableció, con mucha sensibilidad, la ley del PP de Sergio Marqués y convirtiendo el asunto lingüístico en un conflicto entre paisanos y paisanas de una misma tierra. 

Siento inquietud porque el debate se está planteando en torno a la peligrosa simplificación de ideas: si eres pro-oficialidad, eres pro-asturiano y, por tanto, buen asturiano, pero si eres anti-oficialidad, eres un elemento peligroso y contrario al sentimiento astur y, por tanto, un mal asturiano. No quieren que quepan matices. No quieren que argumentemos. Quieren dividir a la sociedad entre los buenos y los malos y eso, Asturias, no lo va a consentir.

Barbón sigue insistiendo en el engaño de su “cooficialidad amable”: no le importa que las numerosas sentencias del Tribunal Constitucional digan que en el mismo momento que una lengua es oficial, aparecen obligaciones para la población como, por ejemplo, que el asturiano pasaría a ser lengua vehicular obligatoria en el colegio. Barbón permanece en el engaño porque se ha metido en un charco del que no sabe cómo salir y que puede arrastrarnos a todos como sociedad a un escenario con demasiadas incógnitas por despejar. 

Si Barbón o el PSOE, en contra de lo que opinan todos los juristas de este planeta, creen tener la clave de la “cooficialidad amable” y pueden demostrar que no es un engaño, deben detallar en qué consiste para que todos conozcamos el modelo que proponen y así conocer el alcance de sus consecuencias y el coste que tendríamos que asumir con los impuestos que todos nosotros pagamos. 

Si no lo hacen, si el PSOE persiste en el engaño y lleva la oficialidad al Parlamento sin dar a conocer previamente ese inaudito modelo “amable”, estarán cometiendo un fraude imperdonable contra toda la sociedad asturiana. Y, evidentemente, el Partido Popular se mantendrá en una posición de sensatez y moderación y nuestro voto será un no a la imposición, un no a la obligatoriedad y un no, por tanto, a la oficialidad.

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Beatriz Zapico
Abogada y portavoz de la Plataforma
contra la Cooficialidad del Asturiano

Que hable Asturias

 

El ilusorio intento de quienes pretenden imponer a un millón de asturianos el
uso de un único bable, conculcando el respeto a las múltiples variantes locales, les
hace recurrir a erróneos calificativos, nunca vistos de la ansiada ley de cooficialidad.
La amabilidad con la que se quiere revestir la imposición lingüística, choca
frontalmente con el principio básico del cumplimiento de las leyes. No conozco en
25 años de ejercicio profesional de la abogacía, ninguna ley amable, todas son de
obligado cumplimiento y ningún calificativo exime al ciudadano de actuar conforme
dictaminan.
Fueron insignes lingüístas y filólogos, los que calificaron el bable como un
“invento” y por ello han sido furibundamente denostados. Advirtieron que de las
numerosas hablas vivas que existen en Asturias, se pretendía por parte de unos
pocos, imponer una única llingua que en absoluto representaba a Asturias y a los
asturianos, calificando como jerga “in vitro” la creada por la Academia de la
Llingua, que conllevaba aniquilar y reducir a un único bable las variantes locales, no
contentando tal propuesta a nadie, pues por nadie es hablada una lengua artificial
con la que ningún asturiano se identifica.
Son muchos los ejemplos a los que podemos aludir, para evidenciar la ficticia
creación lingüística. Nuestra toponimia está llena de insólitas denominaciones que
ni los habitantes más longevos de nuestros pueblos, identifican como el nombre de
su lugar de nacimiento y vida, hasta tal extremo indigna tal errónea imposición, que
ha sido causa de rebeliones ciudadanas, haciendo propio el “ todos a una”. Ejemplo de ello fue lo ocurrido en Guimarán, parroquia de Carreño, que de la noche a la mañana se la quiso designar por Quimarán, apelativo desconocido por quienes ostentaban su condición de habitantes y que calificando de: aberrante y tomadura de pelo tal cambio de nombre, plasmaron su descontento en una encuesta que concluyó con unos datos irrefutables:  de 301 personas, 288 deseaban que les fuera devuelto el topónimo de Guimarán, 13 optaban por su conservación junto al de Quimarán y ningún habitante se manifestó a favor de la opción única de Quimarán.
Al final venció el pueblo y su clamor, consiguiendo doblegar la voluntad de una junta asesora de toponimia, que erró al adjudicar una Q a quienes nunca reconocieron tal letra como la primera de su nomenclatura.
Defendiendo siempre el protagonismo y elogiable uso de las lenguas como
medios de acercamiento y entendimiento de las personas, resulta indignante y debe
ser totalmente combatida, la pretensión de algunos o al menos eso parece, de
utilizar el bable en pro de alcanzar una identidad propia excluyente dentro de
nuestro país y equipararnos a comunidades donde utilizan una segunda lengua, que
en múltiples ocasiones de forma fraudulenta, se instrumentaliza para discriminar a
quienes carecen de su conocimiento, aupando por el contrario a quienes saben
mucho de su pecuniario rendimiento.

Que en el año 2021 se pretenda por diferentes partidos políticos, poner en
marchar una reforma estatutaria sin demanda social alguna iniciando una contienda
inexistente hasta el presente momento, resulta desolador pues la amabilidad con la

que quieren revestir la pretendida cooficialidad, irá perdiendo el respeto a la
voluntad de los asturianos, imponiéndose en todos los ámbitos: laborales,
administrativos, empresariales y sobre todo en los educativos, sí, el bable será
vehicular en la educación, contará como mérito para las oposiciones, se podrá exigir
su conocimiento para acceder a cargos públicos y todos los funcionarios deberán
conocer la llingua, para poder comunicarse con quienes quieran hacer uso de su
derecho a expresarse en bable pues tendrán el amparo de la ley y así lo reconoce
el Tribunal Constitucional que en su momento se pronunció por el uso del catalán.
Asturias no debe ser tierra de exiliados lingüísticos, atribuyendo tal término a
quienes no sepan o no quieran hacer uso del único bable que se convertirá en oficial y en modo alguno se debiera discriminar a quienes únicamente hablan español, porque ese ha sido siempre el idioma de sus ancestros. Muchos son quienes a día de hoy y a pesar de liderar la temeraria propuesta de la cooficialidad, apenas utilizan expresiones en asturiano y mucho menos saben escribirlo, quedando reducido su uso, a pequeños grupos cuyo interés excede a la recurrente argumentación de conservación de un bable construido artificialmente. Nadie duda que una gran parte de los defensores de la llingua, se han beneficiado económicamente de su uso a través de múltiples actividades de promoción, desconociendo el porqué les resulta insuficiente la protección del bable explícitamente recogida en nuestro estatuto de autonomía y la posterior ley de uso y promoción de 23 de marzo de 1998. Es más, nunca fue pretendido un reglamento que desarrollase y completara la reseñada disposición legislativa y se insta ahora una sibilina reforma estatutaria que cuanto menos, requiere un gran consenso político que a día de hoy no existe.

Siendo la admiración por mi lugar de nacimiento el acicate para enfrentarme al igual que muchos otros asturianos, al sinsentido de la cada vez más cercana imposición lingüística, es tema de gran enjundia y que todos debemos conocer , a pesar de la opacidad con la que se trata, la ingente cantidad de dinero que tendríamos que destinar a la cooficialidad. Según diferentes estudios económicos, el coste de la implantación de la llingua ascendería a unos 100 millones de euros anuales, es decir, 10 veces más de lo que afirman sus defensores. Ante cifras de tal magnitud yo me pregunto: ¿a qué tenemos que renunciar los asturianos para financiar tal propuesta? No se precisa hacer un gran ejercicio de habilidad intelectual, para saber que nos veremos privados de múltiples proyectos que mejorarían enormemente nuestras vidas, todo ello por hacer realidad los deseos de quienes interesadamente desoyen la petición de la mayoría de asturianos y asturianas, que rechazamos la imposición de un bable que nunca hemos hablado. No obstante está vez no contarán con el silencio de los corderos. Somos más y estamos dispuestos a combatir el desatino de la cooficialidad y por ello exigimos una consulta, no hay modo más democrático de
tratar el presente asunto. Que hable Asturias.